Por Lourdes López (*)

Gran revuelo ha causado la decisión de los alcaldes que integran la junta directiva del Área Metropolitana de Barranquilla de activar la función de autoridad ambiental de esa entidad, establecida en el literal J, del artículo 7 de la Ley 1625 de 2013. Gestión que hasta la fecha viene desarrollando la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, que ejerce jurisdicción sobre los 22 municipios del Departamento y el Distrito de Barranquilla. El problema se centra en la concentración de los recursos para ser ejecutados por la nueva autoridad ambiental, en detrimento de la inversión para el resto de los municipios del departamento. 

Válidos son los argumentos de unos y otros, quienes apoyan la creación de la nueva autoridad ambiental tiene argumentos fácticos y jurídicos que la hacen viable y quienes se oponen a esto también, seguramente los tienen. Pero estamos ante un problema que no es meramente jurídico, sino que tiene matices en intereses económicos y políticos. 

La C.R.A. ha estado desde su creación más llena de escándalos de corrupción, clientelismo y otras cosas que de aciertos y obras que ahora nos llenarían de argumentos para defender su existencia y eficiencia. Lo cierto es que una de las grandes deudas que tenemos con el tema ambiental está relacionado especialmente con la recuperación de los cuerpos de agua con los que contamos a lo largo y ancho del Departamento del Atlántico.

La inversión de esta entidad ha sido pobre, mal focalizada, pero sobre todo a la hora de ejercer como autoridad ambiental, esta entidad no utiliza las herramientas legales que tiene para poner en cintura y garantizar los derechos a la ciudadanía. Han primado los intereses de privados que ejercen actividades comerciales en los cuerpos de agua, que secan las fuentes hídricas para ampliar sus construcciones y frente a esto, poco o nada ha hecho la autoridad ambiental en cabeza de la C.R.A. 

Pero la solución no es concentrar en el AMB ahora también la función de autoridad ambiental, puesto que esto implicaría una reducción de más del 70% de los recursos con los que ahora se cuentan para invertir en las municipalidades que más lo necesitan. Lo que todos reclamamos es una mayor democratización de esas dos entidades, tanto del Área Metropolitana de Barranquilla como de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Las decisiones que aquí se toman se han hecho a espalda de los ciudadanos de Barranquilla y del departamento, son muchas las sombras que rodean la elección, por ejemplo, del director de la C.R.A., mucho menos resulta democrática la forma como se elige al gerente del AMB. 

Esa falta de democratización no les permite ahora salir a pedir el respaldo de la ciudadanía en favor de una u otra decisión. Se advierten por diversas fuentes de opinión, que lo que hay detrás de esto son grandes negociados de lado y lado; y ahora los unos gritan ante la posibilidad de quedarse sin la fuente para sostener su clientelismo y los otros están detrás de licencias exprés para consolidar sus negocios. ¿Dónde queda entonces la ciudadanía? 

Mi propuesta es propender por la posibilidad de tener una sola autoridad ambiental vigorosa y democrática. Que desarrolle los proyectos de cara a la gente y muestre con prontitud unas ejecutorias que evidencien la voluntad de cumplir y de hacer cumplir la ley. Es la solidaridad lo que debe primar en el desarrollo de los territorios, mientras Barranquilla ha tenido un impulso importante en los últimos años, la mayoría de los municipios se encuentran rezagados y con decisiones como la que se pretende tomar, se les estaría condenando a años de mayor atraso. 

Reinventemos la CRA y comencemos por el embalse del Guájaro, donde solamente con llegar a ponerle orden a los privados que se sirven de esas aguas e inversiones para recuperarlo, estaríamos impulsando la economía de varios municipios y corregimientos, que por años han reclamado una oportunidad y se les ha negado.

(*)  Diputada del Departamento del Atlántico